Milei vs Maduro
La ley, es por excelencia, la
herramienta que mantiene el orden en el mundo. No obstante, en ocasiones, sirve
para acrecentar conflictos, como es el caso de Venezuela y Argentina, quienes, en
una relación bastante deteriorada, han optado por usar los tribunales para
sentenciar las acciones del otro y dilatar la distancia.
Primero fue Argentina, quien, tras
las elecciones, pidió a La Corte Penal Internacional (CPI) efectuar una orden
de captura contra Nicolas Maduro. Pero no es la primera vez, a principios de
septiembre y tras el anuncio de la victoria del Chavismo, el gobierno argentino
organizo ante la OEA una resolución para garantizar la legitimidad y apoyo; Igualmente,
Milei ha insultado varias veces al mandatario venezolano, negó su reelección y
se mantiene distante.
Por su parte, en Venezuela, el miércoles
18 de sept. de 24, la Fiscalía general anuncio la tramitación de una orden de
captura contra Javier Milei y miembros del gobierno argentino, por lo que los
venezolanos, llaman un robo de un avión venezolano-iraní en 2022, que estuvo detenido
en Buenos Aires, para luego ser entregado a disposición de los Estados Unidos. Mientras,
Maduro se refiere con más acusaciones negativas al mandatario del país austral.
Si bien, ambas ordenes implican
la ley, la detención de la CPI incurriría en la captura internacional de Maduro,
que se escalaria a nivel regional implicando varios países, generando un fuerte
conflicto en Venezuela y América latina. A diferencia, de la anunciada por la Fiscalía
venezolana, que solo es efectiva dentro del país bolivariano y no fuera de este,
por un gobierno con poca legitimidad y sin mayor respaldo internacional.
Tanto una como la otra, se soportan
en las violaciones a Los Derechos Humanos para hacerse efectivas, Argentina acusa
a Venezuela por crimines de robo de las elecciones, coerción del poder, muerte
y desaparición de civiles, mientras este último afirma que el país austral, bajo
la ley venezolana, cometió los delitos de "robo agravado, legitimación de
capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible,
interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para
delinquir"
Este contexto, es una jugada geopolítica
que ronda más en la diplomacia, que el ejercicio real de la política, y que usa
los derechos humanos como arma de guerra. Ninguna de estas órdenes pareciese hacerse
efectiva pronto, la CPI y comunidad internacional a un debate que hacer con Venezuela
y los países no se ven muy animados de ingresar a un conflicto con el gobierno
de Maduro.
Igualmente, el gobierno venezolano
no puede ejecutar su objetivo de detención con Milei sin ir por el hasta su país,
algo que no se espera que pase, ya que podría ser una violación a la
legitimidad argentina, sería una declaración de guerra y se escalaria a un
conflicto regional.
Es evidente como en geopolítica,
la ley, más allá de resguardar y garantizar la paz mundial, de castigar a los "violadores del DDHH", resulta útil para
acrecentar tenciones con pares, para destruir la imagen del “contrincante”, y que
se queda sobre todo en palabras. Este, es más un enfriamiento entre mandatorios de turno, que cualquier otra cosa. Falta ver que resulta de estos roces entre
naciones latinoamericanas.
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