Paz VS Recursos.

 El viernes 27 de junio se firmó un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, en Washington, con Estados Unidos y Qatar como mediadores. Este gran hito supone el fin de un conflicto de más de 30 años y traería reconfiguraciones, transformando dinámicas políticas y económicas, especialmente porque la RDC posee al menos el 60 % de las reservas mundiales de coltán, un mineral clave para la producción de aparatos tecnológicos, defensa y energía limpia.

La ministra congoleña de Relaciones Exteriores, Thérèse Kayikwamba, y su par ruandés Olivier Nduhungirehe acordaron el cese al fuego en el conflicto vigente en África Central. El acuerdo establece disposiciones sobre la prohibición de hostilidades, la retirada, desarme e integración condicional de los grupos armados no estatales, así como el respeto a la integridad territorial. Sin embargo, no establece garantías claras de implementación y ha excluido de la mesa de diálogo a actores fundamentales como el M23, un grupo clave en este contexto.

Este acuerdo marca un cambio profundo en la región. Millones de personas han sido desplazadas y miles han muerto en un conflicto que se reactivó en 2021, cuando los rebeldes del M23 emprendieron su más reciente ofensiva en la RDC. Se acusa al M23 con respaldo, colaboración o al menos permisividad por parte de Ruanda de cometer atrocidades. Ruanda ha negado reiteradamente estas acusaciones, pero aun así aceptó comprometerse con el acuerdo de paz.

El documento entró en vigor de inmediato. Aunque cuenta con el respaldo de Angola como garante para supervisar y verificar la retirada de las tropas ruandesas en un plazo de tres meses, existen temores por la ausencia de controles externos que aseguren una paz real y duradera sobre el terreno. El foco está puesto en el desarme, no en la protección ni en las garantías para la población civil. Se plantea un futuro construido sobre el “respeto por la integridad territorial y la prohibición de las hostilidades”.

Se especula que este acuerdo favorecería más a Ruanda, ya que evita un reconocimiento claro de su agresión hacia la RDC, evade responsabilidades y pretende enmarcar lo sucedido bajo una consigna de “cooperación económica”.

El tratado también impulsaría el comercio en una región rica en tantalio, oro, cobalto, cobre, litio y otros minerales. Abriría canales para la explotación y exportación de recursos en un contexto legal, avalado por los Estados. El conflicto ha estado estrechamente relacionado con la composición del suelo congoleño y la alta demanda internacional. Facilitar el proceso de extracción y transporte en un escenario pacificado podría significar ingresos importantes. Además, la firma contempla el procesamiento legal de materias primas congoleñas en suelo ruandés.

Este trasfondo también explica la participación de Estados Unidos y Qatar. Involucrarse en este acuerdo los posiciona estratégicamente y podría generar beneficios significativos: presencia, influencia y acceso a minerales críticos. Para Washington, es una oportunidad para fortalecer su posición en África y contrarrestar la creciente influencia de China. Para Qatar, representa una forma de ampliar su poder diplomático en el continente, donde ya tiene inversiones importantes, como en la aviación comercial ruandesa. Por todo esto, hay quienes temen que el acuerdo de paz sea una plataforma para una explotación desmedida.

Sin embargo, este es un acontecimiento relevante que enfrenta enormes desafíos, especialmente para su mantenimiento e implementación. Esto dependerá directamente de las autoridades congoleñas y ruandesas, así como de su capacidad para gestionar a los grupos subversivos. En intentos anteriores, ni el desarme ni la integración de estos actores lograron avances significativos, y en esta ocasión ni siquiera fueron incluidos en el diálogo, lo que vuelve aún más compleja la viabilidad del acuerdo. Hay riesgos evidentes de repetir viejos esquemas de saqueo y corrupción.

Es clara la ola de movimientos que se está gestando a raíz del acuerdo. Se trata de un evento coyuntural que podría detener uno de los conflictos más largos y sangrientos del mundo, abrir lazos de cooperación entre Ruanda y la RDC, e incluso transformar el comercio global de minerales, construyendo un marco de integración económica regional. Se espera una cumbre entre Trump, Kagame y Tshisekedi en julio, como parte de este nuevo marco económico. Aun así, el tratado enfrenta retos profundos: no aborda la situación de los desplazados, refugiados ni los derechos humanos; ignora actores clave como el M23 y no establece garantías reales a largo plazo.

Así, la pregunta es si este acuerdo que “vende paz a cambio” es justo o si representa una nueva etapa de neoextractivismo moderno. Los recursos siguen siendo el motor del mundo, y la riqueza mineral de la RDC podría lograr detener un conflicto antiguo. Estados Unidos y Qatar se posicionan estratégicamente para beneficiarse, reforzar su presencia regional y, en el caso de EE. UU., debilitar la influencia de China.

Lo que sí está claro es que hay mucho más detrás de este acuerdo. Aún es pronto para conocer todos los efectos que traerá, pero si logra superar las falencias de integración, garantías y desconfianza, esta paz podría impactar profundamente al resto del mundo. Al fin y al cabo, abriría una bóveda abundante de recursos que reconfigura, sin duda, el tablero geopolítico global.