La nueva "Guerra contra las drogas".

 Recientemente, las tensiones entre Estados Unidos y América Latina —sobre todo con Venezuela— han escalado tras varios anuncios y acciones de Washington dirigidas contra los cárteles de la droga, uno de los objetivos principales de la administración de la Casa Blanca. En las últimas semanas, además, EE. UU. anunció el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, para luego ordenar un despliegue militar masivo en aguas del Caribe, impactando directamente en las dinámicas geopolíticas regionales.

Trump autorizó el uso de capacidades militares para combatir a los cárteles de la droga. Para ello afirmó haber aprobado el envío de tres destructores lanzamisiles Aegis, de USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, además del Grupo Anfibio Iwo Jima, la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines, cruceros lanzamisiles, aviones de vigilancia y submarinos de ataque de propulsión nuclear. A esto se suman más de 4.000 marines y marineros en aguas cercanas a Venezuela. Todo en el marco de la llamada “lucha contra las drogas y los cárteles”, como parte de un esfuerzo más amplio por limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos, argumentando que el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas constituye un problema de seguridad nacional.

No es la primera acción del gobierno de Trump. En su primer mandato, en 2020, se desplegó la “Operación Antinarcóticos Reforzada” en el Caribe y se instauró la recompensa por Maduro en 15 millones de dólares, cifra que este año ascendió a 50 millones. Además, en febrero, el mandatario agregó al listado de organizaciones terroristas extranjeras al Tren de Aragua de Venezuela, la MS-13 de El Salvador y seis grupos con sede en México. Esta clasificación, normalmente reservada para organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, que usan la violencia con fines políticos, se aplicó por primera vez a redes delictivas centradas en el dinero, como los cárteles latinoamericanos.

La Casa Blanca insiste en que estas medidas buscan principalmente enviar una señal disuasoria a los grupos criminales, más que anticipar ataques inmediatos o un escalamiento de hostilidades en la región. Según las autoridades, los buques operarán por varios meses, pero no como maniobra de combate directo.

Esto generó una rápida reacción en Caracas. En su programa televisivo, Nicolás Maduro y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazaron las acciones estadounidenses, calificándolas de ilegítimas, hostiles y una amenaza directa contra la soberanía nacional. En respuesta, Maduro aseguró que desplegaría 4,5 millones de milicianos, embarcaciones y drones para patrullar las costas contra posibles agresiones. No obstante, dadas las condiciones actuales del régimen, la cifra real de efectivos y capacidades militares es incierta.

Por su parte, la mayoría de las naciones latinoamericanas se han mantenido al margen, salvo México. La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones de EE. UU. sobre vínculos entre cárteles mexicanos y Venezuela, mostrando cierta cercanía con la cruzada antidrogas de Trump, pero dejando claro que la soberanía mexicana no admite injerencia de su vecino del norte.

En paralelo, EE. UU. continúa interceptando grandes cargamentos de droga en el Caribe y en el Pacífico, provenientes del sur, mediante operativos conjuntos con la Guardia Costera, navíos aliados y vigilancia aérea.

Este escenario transforma las dinámicas geopolíticas regionales, ubicando a Estados Unidos en una posición de mayor presencia internacional bajo el argumento de mantener su seguridad interna. Se plantea así la disyuntiva entre soberanía y seguridad continental: EE. UU. puede militarizar la lucha antidrogas, pero se topa con gobiernos que, al marcar distancia, limitan su capacidad de acción sin violar territorios extranjeros, lo que representa una dificultad persistente.

Al mismo tiempo, la ofensiva de Washington, enmascarada bajo la narrativa de la guerra contra el narcotráfico, parece más una redirección del poder norteamericano en la región: una muestra de presión y disuasión más que una intención real de guerra. Esto se refleja en la inclusión de los cárteles latinoamericanos en la lista de grupos terroristas.

Para Venezuela, la situación también es útil. Las acciones de EE. UU. refuerzan el discurso interno del chavismo en un contexto de rechazo social y debilidad política, permitiendo a Maduro presentarse como defensor de la soberanía frente a un “enemigo externo” y ganar legitimidad en la narrativa regional. Así, logra captar la atención mediática y desviar el foco de la crisis interna, aunque el impacto real a largo plazo sea limitado por el debilitamiento estructural del país.

En conclusión, estos acontecimientos abren un debate crucial: ¿las decisiones de EE. UU. responden a un genuino interés de defensa regional o son un nuevo capítulo de imperialismo militar en América Latina? El límite es difuso. Por ahora, resta observar cómo evolucionan las acciones de Washington y Caracas, y cómo esta tensión repercute en la región y el resto del mundo.