La geopolítica de la COP30.
El lunes 10 de noviembre arrancó la Cumbre Climática COP30 en Brasil, el evento más grande del mundo sobre acción ambiental y el escenario donde se define la pauta de la protección global del planeta. Sin embargo, más allá del discurso verde, la COP30 se presenta como un escenario geopolítico perfecto, un espejo de las tensiones y contradicciones del mundo actual.
La cumbre busca reunir a
líderes mundiales, científicos, organizaciones y sociedad civil para fortalecer
los esfuerzos que limiten el aumento de la temperatura global a 1,5 °C,
actualizar los planes nacionales de acción climática (NDC) y revisar los avances
en los compromisos financieros pactados en la COP29. También aborda la adaptación
al cambio climático y sus efectos en las economías, los ecosistemas y las
personas, además de intentar acordar los indicadores que medirán el éxito de
las medidas adoptadas.
No obstante, lo que más
ha llamado la atención es la masiva ausencia de líderes: más de 160 mandatarios
invitados no asistieron. Entre ellos, el primer ministro indio, Narendra Modi;
el presidente chino, Xi Jinping; y el expresidente estadounidense Donald Trump,
quien retiró a EE. UU. del Acuerdo de París. Tampoco asistieron Javier Milei,
reconocido negacionista climático; Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de
Ecuador; Nicolás Maduro, de Venezuela; Claudia Sheinbaum, de México; Yamandú
Orsi, de Uruguay; Luis Arce, de Bolivia; ni José Jerí, presidente interino de
Perú tras la destitución de Dina Boluarte.
A la cumbre solo
acudieron 57 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente sirio
Ahmad Al Sharaa y varios mandatarios europeos, salvo la italiana Giorgia
Meloni. En América Latina, solo asistieron tres presidentes: Xiomara Castro
(Honduras), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), todos cercanos a
Lula.
El desbalance es
evidente. La falta de cohesión internacional y la casi negligencia para
dialogar sobre un tema tan urgente como el cambio climático marcan una gran
diferencia frente a cumbres anteriores, como la COP21 de 2015 en París, cuando
la asistencia fue casi total.
A este panorama se suma
la coyuntura entre economía y medio ambiente, un dilema que atraviesa toda la
cumbre. Entre los patrocinadores del evento figuran Bayer, Syngenta, Nestlé y
PepsiCo: gigantes del agronegocio y símbolos del poder corporativo global,
señalados en todas latitudes de destrucción ambiental, pero a la cabeza de la
cumbre.
Por su parte, Estados
Unidos, bajo la nueva administración de Trump, ha lanzado una campaña de
desprestigio contra la agenda climática. Su gobierno ha impulsado políticas
favorables a la extracción de hidrocarburos, ha frenado los incentivos a las
energías limpias, retirado al país del Acuerdo de París y presionado a otros
líderes a hacer lo mismo mediante amenazas arancelarias. Esta postura, sumada a
su ambición de consolidarse como potencia energética mundial, explica en parte
la ausencia de tantos mandatarios.
China, gran ausente,
sigue su propio camino. Aunque es el principal emisor de gases de efecto
invernadero, se ha convertido en líder global en tecnologías limpias. En 2023,
estas impulsaron casi el 40% del crecimiento económico del país, y las energías
renovables representaron una cuarta parte de todo su nuevo desarrollo. Hoy, un
10% de su economía depende directamente de este sector, posicionando a China
como el mayor actor en la transición energética.
Europa, histórica
defensora del ambientalismo, vive una contradicción: promueve programas
ambiciosos de protección climática, pero al mismo tiempo aumenta su
infraestructura de gas y bloquea la entrada de productos renovables chinos,
como los vehículos eléctricos, en defensa de su mercado interno.
El anfitrión, Brasil,
también refleja esa doble moral. Aunque Lula ha reducido los incendios
forestales y adoptado un discurso verde, su gobierno avala la extracción de
recursos en la Amazonía y planea perforaciones petroleras en su desembocadura.
Mientras tanto, los países
más pobres y en desarrollo, los más golpeados por el cambio climático, exigen
apoyo financiero real y acceso a tecnologías limpias. Pero el dilema sigue
siendo el mismo: quién aporta y quién decide. occidente promete fondos, pero
los condiciona a acuerdos estratégicos o comerciales. En paralelo, China y los
BRICS reclaman un nuevo orden climático multipolar, menos dependiente de las
instituciones dominadas por Occidente.
Las potencias parecen más
preocupadas por sus intereses energéticos y geoestratégicos que por el
ecosistema. La estrategia de Trump coloca a EE. UU. en una colisión directa con
China, que también busca dominar las fuentes globales de energía, aunque
mediante tecnologías verdes. Europa, Reino Unido y potencias emergentes como
India, Indonesia, Turquía y Brasil quedan atrapadas en medio de esta disputa.
Todo este panorama invita
a cuestionar la eficacia real de la COP30. Detrás de los discursos, las
negociaciones están atravesadas por dinero y poder. La política climática
parece girar menos en torno a salvar el planeta y más en torno a quién controla
los beneficios económicos de la transición energética.
En este contexto, el
proceso de descarbonización global podría dejar de depender de los compromisos
colectivos de las COP anteriores para pasar a acuerdos bilaterales entre países,
donde se espera no prime la lógica del mercado por encima de la cooperación
ambiental.
El 11 de noviembre, la
masiva manifestación de activistas frente a la sede de la cumbre dejó claro que
la sociedad civil ya no cree en las promesas de los líderes.
En el mejor escenario, la
COP debería transformarse en un foro de rendición de cuentas, más que en un
escaparate diplomático. Pero por ahora,
el panorama es otro: El planeta arde, y los líderes siguen negociando cuotas de
poder. La transición ecológica se ha convertido en un nuevo tablero
geopolítico: quien controle la energía verde, controlará el siglo XXI.
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