México 2026: seguridad, soberanía y la nueva doctrina hemisférica.

El 22 de febrero de 2026, en México, tras un operativo del Ejército mexicano, murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Un hombre que había logrado escapar de múltiples operativos durante más de una década.

El Mencho, 59 años, fue cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que desde la década pasada se expandió por el país hasta convertirse en una de las estructuras criminales más poderosas y violentas de la nación, a la par del Cártel de Sinaloa.

La operación que culminó con su muerte, según diversas fuentes, contó con “información complementaria” del gobierno de EE. UU., dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral. No se detalló qué tipo de inteligencia fue proporcionada, pero el contexto es clave: desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump hace un año, Washington ha presionado abiertamente a México para intensificar el combate al narcotráfico e incluso ha insinuado posibles intervenciones directas.

A principios de 2025, el CJNG fue declarado organización terrorista por Estados Unidos, calificándolo como un cartel “despiadado y violento”, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia territorio estadounidense. Washington ofrecía US$15 millones por la captura de Oseguera; en México, la recompensa era de US$1,75 millones.

Tras el operativo, ocurrido en las primeras horas del domingo, se desataron bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país. El gobierno mexicano llamó a la calma nacional y pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares mientras se restablecía el orden. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente al Ejército, la Guardia Nacional y al Gabinete de Seguridad, aunque no mencionó la participación estadounidense, pese a que se sabe que hubo colaboración.

Desde su llegada al poder en octubre de 2024, Sheinbaum ha sostenido que no permitirá la participación directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, pero ha defendido una “coordinación sin subordinación” en materia de seguridad con Washington. Lo ocurrido parece alinearse con esa fórmula.

En Puerto Vallarta, cercano al epicentro de los hechos y uno de los destinos turísticos más importantes del país, varias aerolíneas desviaron y cancelaron vuelos ante la incertidumbre. El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no salir a las calles. Todo el escenario continúa en desarrollo.

Sin embargo, estos acontecimientos no pueden analizarse aislados. Ocurren tras meses de presión diplomática, amenazas arancelarias y tensiones bilaterales (incluida la reciente fricción por el envío de petróleo mexicano a Cuba) en un contexto donde México depende comercialmente de EE. UU. a través del T-MEC, su principal socio comercial.

Con un Trump que ha intensificado su presencia estratégica en la región y ha endurecido su narrativa contra los carteles, este operativo parece algo más que un golpe táctico al narcotráfico. Pareciera formar parte de una reconfiguración estratégica en la que México busca demostrar capacidad estatal en medio de una creciente presión estadounidense por securitizar la región bajo la lógica antiterrorista.

La pregunta es inevitable: ¿actúa México por convicción interna o por necesidad geopolítica?

Es evidente que el gobierno de Sheinbaum ha declarado su intención de disminuir la violencia criminal. Pero en un momento de alta tensión con Washington, tras meses de amenazas y presiones, este operativo favorece tanto el discurso interno como el externo. Envía un mensaje de capacidad y cooperación.

Al mismo tiempo, Estados Unidos redefine su arquitectura de seguridad regional sin intervención directa. Externaliza su agenda hacia su vecino. Bajo la bandera de la “guerra contra las drogas”, impulsa un modelo donde el aliado ejecuta y Washington respalda.

México no es un vecino cualquiera. Es pieza clave del nearshoring, de la reindustrialización norteamericana y de las cadenas de suministro estratégicas. La estabilidad mexicana impacta directamente en migración, comercio, seguridad fronteriza y competencia con China en América Latina. Si México es percibido como un “Estado infiltrado”, se afecta la inversión, la logística y la arquitectura económica regional.

En este sentido, el operativo no solo elimina a uno de los objetivos prioritarios de la administración Trump; también fortalece la relación bilateral y posiciona a la administración Sheinbaum como un socio alineado estratégicamente. Todo ello sin una intervención militar abierta, al menos hasta ahora. Eso es realpolitik.

No obstante, que la muerte de un capo desate una crisis nacional de tal magnitud también revela la profundidad estructural del fenómeno criminal. Evidencia que ejecutar reformas profundas en un Estado atravesado por redes ilícitas implica alterar equilibrios políticos delicados. Y eso no ocurre sin costos.

Lo que es claro es que este episodio reconfigura, al menos temporalmente, el equilibrio geopolítico regional. México refuerza su alianza con Estados Unidos, mientras Washington consolida su influencia estratégica sin desplegar tropas.

El desenlace aún está en desarrollo. Pero más allá de la coyuntura inmediata, este operativo deja una pregunta abierta sobre soberanía, seguridad y poder en el hemisferio: ¿hasta dónde puede un Estado preservar su autonomía cuando la seguridad se convierte en eje central de la agenda geopolítica de su socio más poderoso?