Venezuela, entre petróleo, soberanía y la nueva arquitectura de poder.

El 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre en la historia contemporánea venezolana y de America Latina. La captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense no solo alteró el equilibrio interno del poder, sino que reconfiguró el tablero geopolítico regional y la economía mundial. Lo que ha seguido no h sido una transición clásica ni una ruptura revolucionaria. es algo más complejo: un reajuste estratégico tutelado desde y para Washington.

Desde entonces, el discurso oficial encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió la conducción del gobierno, ha mantenido una narrativa beligerante frente a Estados Unidos, calificando la acción como un “secuestro” y siempre en un tono fuerte. Sin embargo, en la práctica, Caracas ha comenzado a ejecutar una serie de decisiones que responden claramente a las directrices e intereses de la administración de Donald Trump. Esa contradicción es el corazón del nuevo momento venezolano.

La semana posterior a la captura de Maduro, Washington desmontó parte del esquema de sanciones que impedía operar a petroleras internacionales. Empresas como Shell, Repsol volvieron a posicionarse en el país, mientras que Chevron que ya operaba en el país, anunció planes para duplicar su producción. Paralelamente, Trump reveló que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo para ser vendidos a precios de mercado, aunque bajo supervisión estadounidense. Más aún: advirtió que los ingresos serían controlados por su administración para “garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE. UU. Allí se produce el punto de inflexión.

Posteriormente, el 29 de enero de 2026, se podría afirmar que Venezuela dejó de ser dueña efectiva de su petróleo. Conserva la propiedad nominal del subsuelo, pero perdió el control operativo, comercial y financiero del recurso que históricamente definió su soberanía. No decide quién lo extrae, bajo qué jurisdicción se comercializa, a qué precio se vende ni cómo se administran los ingresos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. supervisa los flujos financieros; el Departamento de Energía monitorea los aspectos comerciales; y el Departamento de Estado (encabezado por Marco Rubio) mantiene la supervisión diplomática.

Este esquema ha permitido colocar el crudo venezolano en mercados abiertos a precios hasta 30% superiores a los descuentos que antes recibía. Según Rubio, China obtenía el petróleo con rebajas de hasta US$20 por barril como parte de mecanismos de compensación de deuda. Ahora, la narrativa estadounidense sostiene que el crudo se vende a “precio de mercado”. Sin embargo, las primeras operaciones realizadas a través de las comercializadoras Vitol y Trafigura muestran que el petróleo fue adquirido con descuentos de hasta US$15 frente al Brent y ofrecido en la Costa del Golfo estadounidense con rebajas de entre US$8 y US$9.

El mercado negro parece haberse estabilizado. Se permitió que parte de los petrodólares generados por Chevron ingresaran al sistema bancario y fueran subastados a importadores privados prioritarios. El primer mecanismo movilizó US$300 millones. Además, el levantamiento progresivo de sanciones financieras se espera abra la posibilidad de reconectar el sistema bancario venezolano con corresponsales internacionales.

Pero el dato estructural sigue siendo alarmante: el país cerró 2025 con una inflación de 548% según el FMI, y continúa importando cerca del 60% de lo que consume. La fragilidad macroeconómica no desaparece con la supervisión externa, incluso existe temor entre inversores extranjeros a tocar suelo venezolano, ante la incertidumbre, pese a la influencia de Washington llevar dinero al país bolivariano aun es riesgoso.

Lo más significativo es que la transición no fue producto de una insurrección interna ni de una negociación democrática amplia. No hubo ruptura del chavismo, ni huelgas masivas, ni represalias visibles tras la captura presidencial. Fue una sustitución de liderazgo sin transformación estructural del régimen político. Delcy Rodríguez parece apostar a lo que algunos analistas llaman “legitimidad de desempeño”, si logra mejorar indicadores económicos y estabilizar la vida cotidiana, podría construir una nueva base de apoyo.

Pero esa legitimidad depende de un factor externo: la voluntad estratégica de Estados Unidos sujeta a la volatilidad de la administración Trump.

Washington no actúa por altruismo. Su interés es claro. En un contexto global de competencia energética y de disputa con Rusia y China, asegurar el control indirecto de las mayores reservas probadas de crudo del mundo representa una ventaja geopolítica mayor. Al desplazar a Beijing de los esquemas preferenciales y limitar la influencia rusa en el Caribe, EE. UU. fortalece su arquitectura hemisférica y consolida su seguridad energética.

Mientras reafirma su papel como potencia global, sobre todo en contextos de tensión en Europa y Oriente Medio. Estados Unidos ha ratificado su liderato global.

Venezuela se convierte así en un laboratorio de reconfiguración geoeconómica: apertura petrolera bajo supervisión extranjera, administración fiduciaria de ingresos, reinserción financiera condicionada y reforma institucional obligada. Para que la recuperación sea sostenible, será necesaria una reforma jurídica profunda que reduzca el riesgo de expropiaciones, controles arbitrarios y distorsiones regulatorias. Sin ese andamiaje institucional, la inversión extranjera no será estructural sino coyuntural.

La pregunta de fondo es incómoda: ¿puede existir soberanía energética bajo tutela financiera externa?

En términos formales, Venezuela no ha sido ocupada, más allá de la corta intervención del 3 de enero. Pero en términos estratégicos, su principal recurso está siendo administrado fuera de su jurisdicción plena. El equilibrio entre estabilización económica y autonomía política definirá el rumbo del país.

A escala global, el caso venezolano revela una tendencia más amplia: en la nueva geopolítica energética, el control no siempre se ejerce mediante anexiones territoriales, sino a través de arquitectura financiera, regulación comercial y supervisión institucional. El poder ya no necesita banderas; necesita contratos, fideicomisos y acceso a infraestructura, la economía sigue determinando el curso y control del mundo.

Venezuela entra en 2026 con una oportunidad histórica de reconstrucción, pero también con una redefinición silenciosa de su soberanía. La transición no solo trata sobre la caída de un líder, sino sobre quién define el destino del recurso que sostiene al Estado.

En este nuevo orden hemisférico, el petróleo venezolano ya no es únicamente una “commodity”. Es una pieza estratégica en la disputa global por energía, influencia y poder. Y esa disputa apenas comienza, el curso geopolítico global tiene un escenario potente en Venezuela y lo que ocurra acá, determinara el curso internacional futuro.