El nuevo camino de Venezuela.

La madrugada del 3 de enero de 2026, hora local, ocurrió la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas. Este hecho marca un punto de quiebre sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Más allá del impacto inmediato de la captura, el episodio reconfigura el tablero político, jurídico y diplomático regional, y abre interrogantes profundos sobre soberanía, legitimidad, derecho internacional y el verdadero alcance del poder estadounidense en el hemisferio occidental.

Estados Unidos no ejecutaba una intervención militar directa de esta magnitud en la región desde la invasión a Panamá en 1989 para derrocar a Manuel Noriega. Como entonces, Washington argumentó la operación dentro de una narrativa de lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Sin embargo, la detención de un jefe de Estado en ejercicio —más allá de las disputas sobre su legitimidad— eleva el caso venezolano a una dimensión estructural del orden y del derecho internacional contemporáneo.

Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el escenario es igualmente delicado. Aunque Washington no ha declarado formalmente un conflicto armado internacional, el despliegue militar masivo, el mayor en décadas en el Caribe, sumado a las operaciones en territorio venezolano, sitúa la situación en una zona gris de actuación, dentro de un vacío jurídico evidente. Venezuela, por su parte, invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU, reservándose el derecho a la legítima defensa y declarando el estado de conmoción interna, al tiempo que llamó a la población a sumarse a los planes de defensa nacional. Esta retórica eleva el riesgo de una escalada asimétrica y de una fragmentación violenta del poder interno.

Donald Trump no solo celebró el operativo como un triunfo, sino que afirmó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una “transición segura y adecuada”. Esta declaración, ambigua pero contundente, plantea una forma de tutela política externa que choca frontalmente con los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente los artículos 1 y 2, que consagran la soberanía estatal, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los Estados y la prohibición del uso de la fuerza y de la injerencia externa, principios que se verían vulnerados tras la operación estadounidense en territorio venezolano. La ambigüedad y el carácter coyuntural de estos sucesos generaron una ola de reacciones internacionales masivas.

En el plano regional, las reacciones evidencian una América Latina profundamente dividida. Colombia, Brasil, México y Cuba rechazaron la intervención estadounidense, subrayando el respeto a la soberanía venezolana, mientras que Argentina expresó su respaldo a las decisiones de Trump. Chile, en una posición intermedia, cuestionó la forma en que Maduro fue removido del poder, aun manteniendo una postura crítica frente a su gobierno.

En Europa se llamó a la calma y al retorno a la vía democrática, apelando al respeto de las normas internacionales; mientras que Rusia y China, aliados tradicionales de Venezuela, se limitaron a condenar los hechos, aunque sin señales reales de disposición a confrontar militarmente a Estados Unidos en el corto o mediano plazo.

Este punto es clave: pese a la condena retórica, nadie parece dispuesto a escalar el conflicto. Ni Moscú, atrapado en Ucrania, ni Pekín, concentrado en su disputa estratégica y económica con Washington y en su proyecto de la “Nueva Ruta de la Seda”, tienen incentivos reales para abrir un nuevo frente en el Caribe contra Trump. Venezuela, una vez más, queda atrapada entre discursos de apoyo y una soledad estratégica concreta.

En el plano interno, Maduro alcanzó a declarar el estado de conmoción externa antes de su captura. Posteriormente, funcionarios del gobierno rechazaron tajantemente los hechos, denunciando violaciones al Derecho Internacional y llamando al levantamiento y al rechazo ciudadano e internacional.

Sin embargo, la salida forzada de Maduro no resuelve la crisis política venezolana; por el contrario, la complejiza. La Constitución establece mecanismos claros ante la ausencia absoluta del presidente, pero la captura por un gobierno extranjero no encaja de forma inequívoca en los supuestos constitucionales. Además, la falta de reconocimiento internacional de Maduro como presidente legítimo genera un vacío jurídico-político: cualquier sucesor dentro del chavismo podría enfrentar el mismo problema de legitimidad externa.

Aunque sectores opositores sostienen que Edmundo González Urrutia, a quien consideran ganador de las elecciones de 2024, debería asumir el poder, la realidad es que el chavismo mantiene el control efectivo del aparato estatal, del poder judicial y de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, resulta probable que el oficialismo intente preservar la continuidad colocando al frente a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez (quien, según versiones, se encontraría fuera del país). No obstante, la ausencia de Maduro podría desencadenar una redistribución interna del poder, donde figuras como Diosdado Cabello o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, jueguen roles determinantes en un equilibrio frágil y potencialmente inestable.

Para Trump, la captura de Maduro representa una victoria política clara. Le permite declarar éxito, reducir la presión militar sostenida en el Caribe y reforzar su liderazgo regional en un continente que, tras recientes elecciones, se ha inclinado hacia la derecha. No obstante, el triunfo es parcial. Si no se produce un cambio real de régimen, la narrativa de victoria se diluye: muchos de los actores que podrían asumir el poder dentro del chavismo enfrentan acusaciones similares a las que pesan sobre Maduro.

En última instancia, el caso venezolano vuelve a exponer una constante del sistema internacional: la selectividad del derecho y la primacía del poder. La legalidad, la soberanía y los derechos humanos se invocan o se omiten según los intereses estratégicos del momento y los actores involucrados. La caída de Maduro no es solo el aparente final de un liderazgo; es una prueba de estrés para el orden internacional, para América Latina como región política y para la idea misma de que las transiciones democráticas pueden imponerse desde fuera sin generar nuevas fracturas. Existen, y son evidentes, distintas formas de “democratizar” el mundo actual.

Lo que ocurra en Venezuela, como experimento en curso, en las próximas semanas no solo definirá su futuro interno, sino que marcará un precedente inquietante sobre hasta dónde puede llegar la intervención de una potencia cuando decide que el equilibrio regional ya no le es funcional.

Asimismo, queda claro que Estados Unidos ha ratificado su presencia en América Latina. La injerencia directa, en nombre de su propio bienestar y seguridad, parecería convertirse en el nuevo modus operandi de Trump. Esta situación deja en evidencia la debilidad institucional de muchos gobiernos de la región y su creciente supeditación externa, lo que a largo plazo gestará escenarios geopolíticos definidos por Washington y sus aliados, por un lado, y por sus detractores, por el otro.

Finalmente, todo este episodio cuestiona la veracidad y fragilidad de los acuerdos y estamentos internacionales. Si los propios Estados que los impulsaron no acogen las normas que establecieron, ¿hasta qué punto el resto de las naciones debería, o podrá, hacerlo?

Falta ver si este episodio inaugura una nueva etapa de injerencia abierta en América Latina o si, por el contrario, se convierte en una advertencia sobre los límites, cada vez más difusos, del poder global. Ojalá este nuevo contexto sea la puerta para que el pueblo venezolano recupere su nación y se produzca una transición democrática que impulse la paz y el crecimiento económico en la nación bolivariana. Lo que sí es seguro es que este proceso seguirá dando de qué hablar.